En una sesión candente, donde las acusaciones personales y políticas entre legisladores se antepusieron al debate legislativo, la oposición a la gestión libertaria de Javier Milei obtuvo un resultado agridulce. Aunque no logró la aprobación de los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa que había planteado para la sesión especial de ayer, si pudo conseguir el emplazamiento de las iniciativas en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para presionar a la bancada oficialista a expedirse y dictaminar sobre estos temas, en las próximas jornadas.
Con los votos del radicalismo, el peronismo, la izquierda, Innovación Federal y una parte de Hacemos Coalición Federal los diputados le pusieron un límite de tiempo concreto a La Libertad Avanza, que hasta ahora venía implementando una táctica de dilación de la discusión. En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado ayer que el Gobierno arribó a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional para otorgar un aumento de las partidas para funcionamiento del 270% en línea con lo acordado la semana pasada con la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por último, el oficialismo también intentó frenar la sesión con la convocatoria al plenario de Educación y Presupuesto para este jueves a las 16, pero la desconfianza del Consejo Interuniversitario Nacional y de algunos espacios políticos sobre las promesas del Gobierno terminó con esta situación. Ahora el emplazamiento fue para dos horas antes del mismo jueves.
Por su parte, la dirigencia peronista se concentró en introducir en el recinto el debate por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que no fue renovado por el gobierno nacional. El presidente del bloque, Germán Martínez, había apuntado contra algunos de sus colegas en Diputados al escribir en las redes sociales que “hay bloques que siguen jugando a las escondidas y no quieren restituir el Fonid ni el Fondo Compensador Salarial, eliminados por Milei, perjudicando a docentes y provincias. Algunos se ponen el poncho federal cuando les conviene”.
Hay proyectos presentados por casi todos los bloques de la oposición a excepción de LLA y del PRO, que están en contra. “Es dinero en negro que deben pagar los gobernadores”, sostuvo Alejandro Finocchiaro.